Los documentos del Concilio Vaticano II validan, reiteradamente, el principio de separación de Iglesia y Estado. Bajo este principio se  reconoce que el Estado y la Iglesia deben tener la autonomía para llevar a cabo sus actividades dentro de las esferas que a cada uno compete.   Implica además la libertad de culto para todos los ciudadanos, por lo que el Estado viene obligado a no favorecer legal o informalmente una creencia religiosa, en detrimento de otras.

Para entender lo que realmente significa este principio tenemos que definir los objetivos de cada una de estas instituciones:

La razón de ser del Estado es la felicidad temporal de sus ciudadanos, para lo cual establece un orden jurídico y debe proveer los medios para su desarrollo humano y su prosperidad. Es decir, el Estado debe buscar el bien común.

El objetivo de la Iglesia es la felicidad sobrenatural del ser humano, por lo que debe salvaguardar el orden moral y proveer los medios sobrenaturales de la gracia. En términos sencillos: la santificación.

La religión y la política son ámbitos distintos, aunque no separados, ya que el hombre religioso y el ciudadano son una misma persona, que está llamada a cumplir son sus deberes religiosos, sociales, económicos y políticos. Por eso es necesario que los fieles, “aprendan a distinguir diligentemente entre los derechos y deberes que les corresponden por pertenecer a la Iglesia  y los que le vienen por ser miembros de la sociedad humana; recordando que en todo asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, puesto que ninguna actividad humana, ni siquiera en las cosas temporales, puede sustraerse al mandato  de Dios” (Lumen Gentium, 36).

Al hablar de separación de Iglesia y Estado nos referimos a dos instituciones que, aunque autónomas, han de estar al servicio del pleno desarrollo de todos los seres humanos. Debe existir entre ambas una relación  sana y fructífera que  reconozca que no le corresponde al Estado decidir lo que está bien o mal moralmente, mientras que sí  le corresponde la obligación de buscar y promover el bien común. Existen también, algunos asuntos en los que tanto el Estado, como la Iglesia deben intervenir: la educación, el matrimonio, la comunicación social, la asistencia a los necesitados. Además, el Estado debe respetar la libertad de culto de sus ciudadanos, como derecho fundamental (Dignitatis Humanae, 1).

Por otro lado, la Iglesia necesita independencia para realizar su misión en el mundo, pero no tiene la tarea de valorar los programas políticos, sino es por sus implicaciones religiosas y morales. Porque su misión abarca toda la realidad humana, la Iglesia tiene la libertad de expresar su juicio moral sobre estas realidades, cuantas veces lo exija la defensa de los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas (Compendio Doctrina Social  424-426). La Iglesia no puede, ni debe, sustituir al Estado; pero tampoco debe ni puede quedarse al margen en la lucha por la justicia. La Iglesia tiene el derecho y el deber «de enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas” (Gaudium et Spes, 76). Así, por ejemplo, el Magisterio de la Iglesia puede y debe señalar si una ley es injusta, porque es contraria a la ley natural, o que determinadas  situaciones son inmorales, aunque estén permitidas por el poder civil. En estos señalamientos la Iglesia cumple con su función de iluminar la conciencia de sus fieles, a la luz del Evangelio.

Los fieles católicos, incorporados a la Iglesia por el bautismo, han de testimoniar su fe, no solo litúrgica y sacramentalmente, sino también en su realidad social, promoviendo los valores de libertad, justicia y caridad, a la luz de la verdad de Cristo. La voz del Magisterio, por medio de su Doctrina Social, nos inquieta y nos anima en esta tarea.

(Nélida Hernández| Consejo de Acción Social Arquidiocesano)

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