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La característica central del gobierno democrático es la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que les afectan.  El pueblo delega poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor (CDSI 190). Esta delegación implica que la autoridad política es responsable por sus acciones ante el pueblo.  La autoridad ejercida por los políticos debe asumirse con espíritu de servicio, teniendo como finalidad, no el prestigio o logro de ventajas personales, sino la búsqueda del bien común. 

La delegación de poderes, para ser efectiva, requiere que las personas sean escuchadas, implicadas e informadas por el poder político. La participación insuficiente o incorrecta y el desinterés por la vida social y política se convierten en una amenaza al sistema democrático. La participación requiere conocimiento de los problemas de la comunidad, de los hechos y de las propuestas que se presentan para la solución de estos problemas. El pueblo necesita acceso a información objetiva, amplia y con una visión pluralista de los problemas.

En sí mismo, el sistema democrático no garantiza el ejercicio de los derechos humanos. San Juan Pablo II en su Encíclica Centesimus Annus (CA), nos dice, “también en los países donde están vigentes formas de gobierno democrático no siempre son respetados totalmente los derechos humanos”.  Una auténtica democracia requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas, mediante la educación y formación en verdaderos ideales y valores.  Los valores que inspiran los procedimientos democráticos incluyen: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, y la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Señala, San Juan Pablo II que debe existir un consenso general sobre estos valores, sin este consenso se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad (CA, 46- 47).

Para proteger el bien común, razón de ser del estado, las entidades políticas tienen el deber de armonizar con justicia los diferentes intereses sectoriales. La responsabilidad del gobierno democrático ha de ser, no solo satisfacer el bien de las “mayorías que le respaldan, sino además buscar el bien efectivo de todos los miembros de la sociedad, incluyendo las minorías” (CDSI, 169). Pero, nos insiste la Iglesia en que el bien común no puede comprometer el orden moral objetivo, que se deriva de la verdadera naturaleza humana, creada para la trascendencia (CDSI 397).

El bien común, según lo define la Doctrina Social de la Iglesia, persigue la realización del hombre como imagen de Dios. Persigue una dimensión trascendente, que muchas veces se obvia. El bien común busca la felicidad plena, fundamentada en la realidad de lo que es el hombre, que nunca se logra en forma aislada, sino que se alcanza en conjunto, por todos los hombres, vinculados por el principio del amor. No es un simple bienestar económico.

Si un gobierno se esfuerza solo en lograr el bienestar económico, pone poco interés en lograr que las personas se conviertan en agentes de cambio. Se convierte en un gobierno asistencialista, muchas veces con una presencia excesiva e injustificada en asuntos que les competen a los miembros de la sociedad. El Estado, independientemente de que sea o no electo democráticamente, sería quien decide sobre asuntos familiares, educación, etc. Por eso, en su Doctrina Social la Iglesia insiste en que un gobierno en defensa del hombre y sus derechos debe regirse por el principio de subsidiaridad. Es decir, el gobierno se convierte en apoyo para que las personas puedan lograr sus metas sociales, pero no usurpa la responsabilidad de las instituciones medulares, como la familia. Ni suplanta sus funciones. Señala el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (187): “La experiencia constata que la negación de la subsidiaridad, o su limitación, en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces, también anula el espíritu de la libertad y la iniciativa”. 

La acción conjunta de los organismos públicos y los organismos privados, incluyendo a las instituciones sin fines de lucro, en forma organizada puede contribuir al logro del bien común, trabajando en forma colaborativa y complementaria. Como parte de esa sociedad civil, somos llamados a defender la democracia mediante nuestra participación, la búsqueda de información objetiva y nuestra colaboración con otros miembros de la sociedad en la búsqueda de soluciones que defiendan y promuevan los valores genuinos que nos acercan a Dios.

(Puede enviar su comentario al correo electrónico: casa.doctrinasocial@gmail.com).

Nélida Hernández

Consejo de Acción Social Arquidiocesano