La salud se ha definido como un derecho humano universal. El gobierno tiene el deber de contribuir, mediante políticas pública al acceso de todos los ciudadanos a servicios médicos, a prevenir enfermedades contagiosas, mediante programas de vacunación; educar a los ciudadanos sobre la prevención de enfermedades, entre otras actividades encaminadas a proteger y mejorar la salud de la población. En ese empeño se pueden integrar los esfuerzos de organizaciones del tercer sector con un fin similar.
Las actividades relacionadas a la salud pública no se limitan al control y erradicación de enfermedades, incluyen estrategias para reducir factores ambientales que afectan a la salud de los habitantes, como la contaminación del aire, del agua y el suelo, la contaminación química y la contaminación por bacterias o virus. Implica además desarrollar estrategias para afrontar factores sicológicos y socioculturales, como la dependencia de sustancias, la violencia, el estrés, entre otros factores.
La salud integral de la persona requiere no solo salud física, sino también salud mental y espiritual. Esta última se refiere a nuestro yo interior y nuestra relación con Dios. Nos permite estar contentos con nosotros mismos y nos lleva a reconocer el sentido trascendental de nuestra existencia. La promoción de la salud también requiere el esfuerzo de todos por desarrollar estilos de vida saludables, en los que se enfatice la prevención, el disfrute de actividades físicas, consumo balanceado de alimentos, bienestar emocional y espiritual, y un balance adecuado entre trabajo y descanso.
Nuestra experiencia con el fenómeno de la pandemia del coronavirus, nos ha demostrado que la salud no depende solamente de los esfuerzos por cuidarnos a nosotros mismos y a los nuestros. En un mundo que cada vez se hace más interdependiente y cercano, los esfuerzos por la salud pueden requerir la cooperación internacional, para garantizar la vida, no solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia señala: “La humanidad de hoy, si logra conjugar nuevas capacidades científicas con una fuerte dimensión ética será capaz de promover el ambiente como casa y como recurso, en favor del hombre y de todos los hombres, de eliminar los factores de contaminación y de asegurar condiciones adecuadas de salud, tanto para pequeños grupos como para grandes asentamientos humanos”, (CDSI, 465).
Reconocer que la naturaleza no debe ser manipulada al antojo del hombre, establece el principio ético que debe guiar el uso de las tecnologías biomédicas, las cuales pueden obrar un gran servicio a los esfuerzos de la salud pública, pero requieren un juicio responsable, para evitar que acarreen consecuencias negativas a largo plazo. El CDSI establece, además, que debe existir unos principios reguladores en la aplicación de nuevas tecnologías: la justicia y la solidaridad, (474). No resulta apropiado que los nuevos descubrimientos que puedan ayudar a afrontar problemas de salud se limiten a un grupo de países o de personas, o que se distribuyan únicamente por motivos pecuniaros. La salud es un bien social, un derecho humano. Dios ha confiado en los hombres la inteligencia y la libertad, para que puedan utilizar la ciencia en la búsqueda de soluciones que no deben obviar la responsabilidad hacia las generaciones futuras y hacia el bienestar integral de todos los hombres.
Como cristianos, tenemos la responsabilidad de apoyar todos los esfuerzos por garantizar que la salud pública sea un área de prioridad en la gestión del gobierno. A nivel personal, tenemos que educarnos en los factores de prevención y educar a nuestros hijos para que desarrollen estilos de vida saludable tanto a nivel psicológico, espiritual y físico.
(Puede enviar sus comentarios al correo electrónico: casa.doctrinasocial@gmail.com)
Nélida Hernández
Consejo de Acción Social Arquidiocesano
