Para el economista y profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (RUM), Dr. José Alameda es inminente que a partir del primero de septiembre habrá una reducción en la jornada laboral para la mayoría de los empleados públicos y en un 10 % de las pensiones. Esto para lograr ahorros de $35 a 40 millones mensuales.

“Desde el principio se condicionó la aprobación del Plan Fiscal a que si no se lograba crear una reserva de $200 millones, que debía evidenciarse antes del 30 de abril, el primero de septiembre iniciaría una reducción  en la jornada laboral y en el 10% de las pensiones”, indicó.

Continuó diciendo que “a pesar de que el gobernador, Ricardo Rosselló aseguró que cumpliría con  las condiciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), esto no ocurrió”. Sobre el planteamiento del Gobernador que no acatará la decisión de la Junta de reducir la jornada laboral, Alameda señaló que: “Él (Rosselló) está jugando para las gradas. Él sabe que no lo van a llevar preso, lo que ocurrirá es que la JSF va a congelar las cuentas del gobierno, así de simple”.

El economista, aclaró que la propia Ley PROMESA en la Sección 106  prohíbe al Gobierno de Puerto Rico llevar a la JSF al Tribunal y a la vez les permite a ellos, la Junta, tomar este tipo de medidas. “Sin importar si nos gusta o no porque es una decisión dura, ellos tienen la potestad en Ley para hacerlo”, admitió.

Reconoció que aunque el Gobierno hizo esfuerzos para lograr los recaudos no llegó a la cantidad que exigió la Junta. A su juicio, es posible que si no se hubiesen pagado los reintegros de Hacienda, que hasta el momento se han desembolsado $110 millones, se pudieron haber alcanzado los ahorros necesarios. “Entre los argumentos de Rosselló estaba que la administración pasada no cumplió con el pago de los reintegros y como él está buscando la reelección no podía darse el lujo de no pagarlos”, insistió.

Relacionado con la reducción del 10 % de las pensiones, el Catedrático del RUM, opinó que este será uno de los grupos más afectados. “Estas personas no solo tienen más años, si no que sus probabilidades de enfermarse son mayores. Ellos no necesitan dinero para estudiar o para ir de fiestas, ellos lo necesitan para medicinas. Eso quiere decir que le estás cortando el dinero cuando más lo necesitan. Es una situación difícil que va a traer mucha pobreza entre los pensionados”, expresó.

En cuanto al bono de Navidad, como parte de los recortes que entrarán en vigor a principios de septiembre se incluyó la reducción del bono a $600 para todos los empleados públicos, el mínimo exigido por la Ley.

De otro lado, el Economista manifestó que los problemas económicos que tiene el País en la actualidad se deben a “decisiones politiqueras” de los pasados gobernantes para mantenerse en el poder y de no haber hecho lo que había que hacer por miedo a perder las elecciones.

“Cuando tenían que aumentar la aportación de los Sistemas de Retiro no lo hicieron para tener más dinero para gastar en el Fondo general. Tampoco aumentaron el dinero que aportaban los pensionados por no tener un costo político. Cuando tenían que ajustar las tarifas de agua y luz como lo hacen en todos los países, no lo hicieron porque las promesas de campañas incluían bajar ambos servicios básicos”, criticó.

De otra parte, cuestionó la “ceguera” de parte del gobierno federal con la situación económica de Puerto Rico. “Estados Unidos mandó la Ley PROMESA y con eso el gobierno federal sacó las manos del asunto y dijo: ‘Déjalos como están y no me importa lo que les pase, que resuelvan con PROMESA’. De esta forma la situación no va a mejorar, por el contrario se agravará”, admitió.

Por último, el Dr. Alameda criticó que hasta el día de hoy nadie ha definido lo que son servicios esenciales, ni quiénes son los más vulnerables. “Puedo sospechar que una persona vulnerable son los pobres, los pensionados, pero cómo los defiendo si la política que se está haciendo es para chavar a los más vulnerables”, puntualizó.

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