“La impunidad fiscal es un cáncer que nos ha llevado a donde estamos”, eso dijo el exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza durante la conferencia titulada: Impunidad fiscal: ¿Una estrategia de desarrollo?, que dictó como parte del Tercer Encuentro Nacional sobre transparencia e integridad en la gestión pública que se efectuó recientemente en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), recinto de Ponce.
En su disertación detalló que durante muchos años se han dado dos modalidades en Puerto Rico: la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Departamento de Hacienda y los acuerdos finales de tratos preferenciales con algunos contribuyentes. Relacionado con la ausencia de fiscalización, dijo que durante su incumbencia intervino con 165 negocios que, aunque cobraban el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a sus clientes, no lo enviaban al Departamento de Hacienda.
“De los 165 negocios que impactamos por no pagar el IVU, cerraron cinco. Los otros 160 reabrieron porque el dinero apareció en 3 días. Irónicamente ellos (los comerciantes) no veían nada malo en usar el dinero del IVU para otros gastos”, sentenció.
Mientras, sobre los acuerdos preferenciales destacó que mientras fungió como Secretario, un día llamó a su oficina un comerciante que había hecho un negocio que generó ganancias por $1 millón y quería tener una reunión con él para negociar cuánto iba a pagar del dinero recibido. “Mis ayudantes le dijeron que ya había unas tarifas establecidas, pero él insistía que quería negociar conmigo como lo había hecho en el pasado. Demás está decir que no me reuní con él. Entonces se fue a la Legislatura a pedir que se enmendara la Ley, pero allí tampoco logró nada”, precisó.
Añadió que la práctica de que el Secretario de Hacienda negocie con algunos contribuyentes es algo que lleva dándose por muchos años. “En el 2015 se enmendó la Ley para que no se hiciera nada que no estuviese contenido en Ley, incluido esto”, indicó.
Sin embargo, informó que el Partido Nuevo Progresista enmendó esa cláusula y puso en suspenso esas restricciones hasta después del 31 de diciembre de 2020, acción que Zaragoza criticó. “No se dan cuenta del daño que se le hace a la credibilidad del sistema. Cuándo vamos a dejar de anteponer los intereses personales por anteponer los intereses del País”, puntualizó.
Aseguró que “no se puede echar para adelante una economía sin impunidad fiscal. Por eso, reiteró la importancia de sacar a la luz los casos que están fuera de la Ley porque son evidentemente un claro ejemplo de corrupción. “El que se queda en silencio es tan corrupto como el que roba y como dijo el Papa: ‘La corrupción es como el mal aliento, el que lo tiene no se da cuenta y los que se percatan deben decirlo’”, expresó.
De otro lado, el Dr. Ricardo Fuentes profesor de economía de la PUCPR, expresó que un factor que no se incorpora en la economía de derrame (crecimiento económico, vendría de la mano de las inversiones, derrama de manera natural, tarde o temprano, hacia los sectores de menores ingresos), es el asunto de la desigualdad y “Puerto Rico es uno de los países con más desigualdad en el mundo”.
Destacó que en Estados Unidos el crecimiento con equidad vs. crecimiento desigual tiene una variable que es la relación entre la productividad con la compensación de los empleados que debe moverse a la par. En el caso de Puerto Rico mostró una gráfica que refleja que la línea de compensación de empleados cae vs. la de la productividad que se mantiene con algunas variaciones, pero mínimas.
“Nos preocupa la desigualdad porque esto estanca la economía, se atrasa. Por ende, reducirla debe ser una prioridad para mejorarla”, señaló. Añadió que la forma de hacerlo es redistribuyendo los ingresos, aumentando los impuestos al que más tiene y usar ese dinero para el desarrollo económico.
De otro lado, compartió que las políticas económicas propuestas tanto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como por la Administración de turno están basadas en la Teoría de Derrame, que los expertos han desacreditado muchas veces y han llegado al consenso amplio de que esta teoría no funciona. Por ende, establecerlas en el País “va a profundizar la desigualdad en Puerto Rico y acelerará aún más la migración”. Por último, enfatizó que el reto que tiene la JSF es cambiar la discusión de austeridad a reducir la desigualdad como una herramienta de desarrollo económico.
