Ante el marco de una posible privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), principal sistema público energético del País, el pasado jueves, 19 de abril, con motivo del Tercer encuentro nacional sobre transparencia e integridad en la gestión pública se llevó a cabo un Segundo Simposio titulado La transparencia en los procesos de privatización: AEE. El mismo tuvo lugar en la Corte de Práctica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, recinto de Ponce.
Durante su disertación el Dr. Efraín O’Neill, profesor de Ingeniería eléctrica de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Mayagüez, compartió algunas ideas sobre el futuro de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico y cómo las posibilidades existentes chocan con las ideas discutidas recientemente por la Junta de Control Fiscal.
Explicó que “contrario a las compañías del sector privado donde hay un interés privado”, en Puerto Rico la infraestructura eléctrica es del Estado y por ende del pueblo, por lo que la AEE solo la administra.
Subrayó que años después, María vino para “destapar la realidad terrible que se vive en Puerto Rico”. Por lo tanto, instó a considerar la resiliencia y la sostenibilidad como dos metas de lecciones post María. Según dijo, entiende que será más conveniente moverse del sistema central basado en plantas grandes a un sistema más distributivo donde la generación eléctrica esté más cerca de la gente. Pueden ser sistemas fotovoltaicos, de viento o de almacenamiento de energía. Tal es el concepto de las comunidades solares, que aseguró se pueden convertir en microredes. Ello permitirá operar de manera independiente de la red eléctrica.
Asintió que “aquí no hay ninguna varita mágica”. En referencia a que el modelo de privatización y de energía renovables tiene sus pros y sus contras. Insistió que lo importante será “repensar la manera de gerenciar nuestra infraestructura eléctrica. Las empresas privadas no solo sustituirían el equipo para producir y vender la energía al costo que especifiquen, sino que no tendrían reguladores y la legislatura no podrá intervenir en ello”.
Aseveró que el sector privado no viene a abaratar costos, “en Estados Unidos las compañías públicas de potencia tienen tarifas más económicas que las privadas”. Catalogó como falacia que en EE.UU. los abonados tienen la libertad de escoger su proveedor. Solo en 17 de los 50 estados hay un mercado de energía, solo Texas cuenta con el mayor por ciento de participación y en ninguno está al 100 % la elección conocida como customer choice. Donde se ha desregulado la electricidad no ha resultado como se creía.
Además, por la geografía de la Isla no hay suficiente demanda eléctrica que propicie un mercado. Habrá un oligopolio de tres o cinco compañías grandes que dictarán los costos. No obstante, asintió que se puede realizar una alianza con el sector privado para mejoras de infraestructura partiendo de obtener beneficios para el estado.
En su turno, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, dijo que “nadie quema la casa para matar un ratón, sino que la transforma” y asintió que eso mismo es lo que se necesita en la AEE. “El País construyó una infraestructura porque no era costo efectivo para el modelo privado. ¿Qué hicimos nosotros? La construimos, la financiamos y ahora después que está todo hecho ellos la quieren”, aseveró.
Criticó la campaña de apoyar la privatización basada en la reducción de costos. Sostuvo que el mismo gobierno reconoce en el plan fiscal que habrá una reducción de 8 % de la población y el próximo año de un 3 %. Eso conllevará una merma en los ingresos de cualquier compañía privada.
Sobre la libre competencia detalló que la condición geográfica de la isla lleva a que haya un monopolio natural. Quiere decir que los lugares del País donde la operación del sistema eléctrico es costosa, por ejemplo, en la montaña, ese lugar perdidoso se neutraliza con los otros donde el costo operacional es menor. “Pero si desbarata esto en cuatro cantos, en los lugares perdidosos donde haya una compañía el costo será tan exorbitante que no se podrá vivir”, aclaró.
Aseguró que “en caso de desastres, si el servicio se vuelve privado FEMA no cubre”. Indicó que los modelos de austeridad y reforma laboral eliminarán los sindicatos y reducirán los beneficios para los trabajadores. A su vez, asintió que hay que cambiar el modelo de gobernanza y la democratización de la energía, tomando en cuenta la transición a la energía renovable para la creación de comunidades solares.
Por su parte, el Dr. Miguel Rivera, profesor de Ciencias políticas de la UPR, recinto de Río Piedras, discutió tres mitos como primero enfatizó, que a nivel global la gobernanza privada aumenta el costo hasta cuatro veces más rápido a diferencia de la gobernanza pública. Tampoco habrá mayor competencia, ya que el mercado de 3.5 millones de habitantes no promueve reducción en los costos. Sobre el mito de asegurar la eficiencia, explicó que el hecho de que sea una empresa privada no la hace necesariamente eficiente. Del tercero de que la privatización lo arregla todo, comentó que si las ganancias marchan y no se promueve la tasa de inversión nacional se limita el crecimiento económico.
Sobre los déficits de transparencia en la privatización de la AEE, criticó que el plan da paso a la corrupción, se fundamenta en mitos, no explica qué pasará sobre la deuda al momento de vender, da mano libre sobre los activos a Higgins y a la administración actual, y elimina las regulaciones. La Comisión de energía puede opinar, pero no puede cancelar el contrato y no detalla el futuro de los trabajadores. Trae austeridad para unos sectores, pero no para otros.
“Si quieres privatizar y no lo haces bien terminas sirviendo en bandeja de plata muchos de los intereses del pueblo”, argumentó. Al finalizar cuestionó “¿de quién realmente es el proyecto?”.
