Hoy Puerto Rico y sus habitantes están “gravemente heridos”. Sus vidas se han visto afectadas por intereses y presiones diversas. Por un lado, distintas administraciones gubernamentales comprometieron a la Isla a un nivel impagable de deudas. De otro lado, los conocidos como “fondos Buitres”, concedían los préstamos sin importar el bienestar común de sus habitantes. Pero como si la crisis económica no fuera suficiente para Puerto Rico, el 9 de junio de 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso ELA vs Sánchez Valle 579 US_2016 determinó que el ELA no tiene soberanía propia para que aplique la cláusula constitucional federal contra la doble exposición en casos federales. Dice que Puerto Rico goza de su Constitución, pero por virtud de autorización del Congreso bajo la Ley 600, lo que implica que la soberanía descansa en una delegación de poderes del Congreso, que es un arreglo de gobernanza. No cabe duda de que a partir de esta determinación hay que examinar las consecuencias políticas y evaluar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Ese mismo día el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reunió a los Congresistas puertorriqueños para decirles que la única solución aceptable para Puerto rico era nombrar una Junta de Control Fiscal. Esa misma tarde, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó la Junta de Control Fiscal cuyas facultades van por encima, en materia fiscal, de aquellas del gobierno electo por los puertorriqueños. La Junta Fiscal se convierte en un gobierno paralelo, no electo por el pueblo, con poderes que competen al Ejecutivo, Legislativo y al Judicial de la Isla.
Ahora, ¿cómo regresamos a un sistema económico sustentable? Para nosotros, los laicos católicos, es momento de un deber de solidaridad y caridad ante un escenario de recuperación económica complicado. Por lo que debemos adaptar a la realidad actual la “Doctrina Social de la Iglesia Católica”.
La Iglesia Católica tiene, ante todo, una misión evangelizadora: la salvación de las almas siguiendo el camino de la santidad. Pero, también de la Biblia emana que a Dios también le preocupan las necesidades materiales de los pueblos. “Siento Compasión de esta muchedumbre”, (Mc 8,12. 24-42). No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política, en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles católicos que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre el bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar, con sus compromisos cristianos, las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y justicia” (5RS 47; CF42).
Los laicos tenemos que reflexionar sobre la crisis que como pueblo enfrentamos y actuar ante ella. Nos corresponde construir una sociedad puertorriqueña más humana, más justa y más cristiana. La Doctrina Social de la Iglesia es asunto pertinente y actual. La Doctrina Social de la Iglesia está fundamentada en el bien común. Tenemos que estar vigilantes y atentos para que la Junta de Control Fiscal, actúe en función del bien común; en función de la verdad, de la justicia, del amor, de la libertad y el respeto a la dignidad de la persona humana.
Los cristianos en Puerto Rico hemos de tomar postura y definir un plan de acción, que permita que no se usurpe al pueblo las garantías de una democracia representativa y que no se impongan reformas que pongan en peligro los derechos de nuestra población. Nuestro deber es expresarnos y combatir aquello que pueda violentar la justicia, en especial de las clases más desprotegidas.
Ramón L. Fuentes
Lcda. María E. Meléndez Rivera
Consejo de Acción Social Arquidiocesano (CASA)
