Por Roberto O. González Nieves, OFM
Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico
Presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña
La economía de Puerto Rico continúa empeorando. Nuestra gente está abandonando la Isla y la crisis humanitaria se agudiza.
En el Congreso de los Estados Unidos está pendiente la aprobación de la “Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act) conocida como PROMESA por sus siglas en inglés. Esta medida constituye la solución más inmediata disponible. Estoy a favor de dicha propuesta puesto que le da oxígeno y espacio a Puerto Rico, de manera que podamos pagar primero las pensiones a los retirados y tener recursos para garantizar los servicios básicos del gobierno, antes de optar por el pago de la deuda. En este sentido, esta legislación se ajusta al principio moral fundamental de procurar el bien común. Con esta medida se detiene el abuso y la explotación de los llamados fondos buitres y provee para que nuestra deuda pública sea nuevamente sostenible y pagable. La medida propuesta también contiene un marco que incentiva todos los acreedores y al gobierno de Puerto Rico a sentarse en la mesa y negociar conforme los mejores intereses de nuestra gente.
Desde el año pasado me he reunido con diferentes grupos de acreedores. Quiero aclarar que la Arquidiócesis de San Juan es también un acreedor. Muchas de las comunidades de fe presentes en la Isla también poseen bonos de Puerto Rico y se han expresado a favor de que nuestra deuda pública vuelva a estar en niveles de sostenibilidad. Tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, muchos ciudadanos tienen inversiones para su jubilación en instrumentos de Puerto Rico. No necesariamente todos los acreedores son gente mala, la situación es mala. Todos somos víctimas de esta situación. Estoy a favor de la legislación PROMESA ya que puede proporcionar las herramientas que hubiésemos logrado con la Ley de Quiebras Federal; es decir, nos proporciona la estructura adecuada para proteger los derechos y la dignidad de las personas y de los bonistas.
Aún permanezco con esperanza, y con mis oraciones, para que el gobierno de Puerto Rico y todos los acreedores puedan logran un acuerdo de buena fe cuanto antes.
Mi decisión de apoyar esta legislación no ha sido fácil ya que hay ciertos aspectos de la misma que me preocupan. Por ejemplo, las siglas del título de esta legislación se refieren a la palabra “PROMESA” lo que no va a tono con las implicaciones de la legislación ya que se le pide a nuestro pueblo que acepte una junta de control a cambio de herramientas para resolver nuestra crisis de la deuda y para detener medidas de austeridad. Entiendo que esta versión legislativa salvaguarda las facultades de nuestro gobernante y de la legislatura para aprobar el presupuesto y sus planes fiscales. Sin embargo, la designación de un órgano adicional que puede retrasar o frustrar nuestro proceso democrático, es algo que pesa fuertemente en mi corazón y conciencia.
Debemos tener presente el por qué estamos en esta situación. Es innegable que enfrentamos esta crisis actual por la falta de transparencia presupuestaria y por la pérdida considerable de empleos cuando el Congreso falló en renovar los incentivos industriales en el año 2006. Pero hay una causa más profunda e innegable.
Fundamentalmente Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos.
Apelo directamente a nuestros compatriotas, indistintamente si usted está a favor de la independencia, la estadidad o algún tipo de libre asociación con los Estados Unidos, a que vean esta junta como una llamada de alerta. Ahora es un momento oportuno para que nuestra gente comience un proceso para resolver el estatus de nuestra Patria. Nosotros somos los únicos que podemos proteger nuestra identidad y dignidad. Antes de que nuestra Isla se enfrente a la próxima crisis, debemos auto-determinar quiénes queremos ser y qué tipo de relación debemos tener con los Estados Unidos.
Como en cualquier gran crisis, surgen momentos de gracia. En tiempos tumultuosos, los católicos vemos momentos en que el Espíritu Santo actúa entre nosotros. Espero que una nueva realidad de nuestro pueblo brote de estos momentos llenos de gracia. También veo estos momentos de gracia en algunas de las acciones actuales del Congreso. Agradezco el liderazgo verdaderamente bipartita de republicanos y demócratas. Al Portavoz de la Cámara, Paul Ryan, a la líder demócrata Nancy Pelosi, a los congresistas Bishop, Duffy, Young, Grijalva, Pierluisi, Serrano y Velázquez, quienes han puesto al pueblo de Puerto Rico primero. La comunidad religiosa en todos los Estados Unidos ha trabajado sin descanso en lograr legislación a favor de los mejores intereses de mi pueblo. La Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, Caridades Católicas, la Iglesia Unidad de Cristo, los Discípulos de Cristo, la National Evangelical Latino Leaders y la Iglesia Presbiteriana son solo algunos de los muchos ejemplos que han hecho posible esta acción legislativa. Nuestro pueblo estará siempre en deuda con Jubilee USA Network, la entidad de la Iglesia que nos apoyó cuando nadie se fijaba en nuestra crisis fiscal y que logró el apoyo bipartita para aprobar aquella legislación que puede ayudar a resolver esta crisis.
En la medida que esta legislación avance, exhorto al Congreso a mejorarla. El Congresista Luis Gutiérrez está trabajando en esta dirección. Les suplico que se legisle afirmativamente para reducir el número de niños y niñas que viven en la pobreza y que se estima que es el 56 % de nuestra niñez. Les motivo a aprobar la legislación necesaria para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico ya que ellos son fundamentales para el sostenimiento de una cultura que valora la vida familiar.
Pido a cada miembro del Congreso a votar a favor de esta legislación que ayudará a resolver la crisis actual en Puerto Rico. Invito a toda nuestra gente a que nos unamos para que juntos determinemos el futuro de la identidad de nuestra nación puertorriqueña antes de que seamos presa de una próxima crisis.
(Texto traducido al español del artículo publicado en The Hill el 7 de junio de 2016).
