Ante la incertidumbre generada por la posible implantación de la Junta de Control Fiscal, como parte de una serie de orientaciones realizadas en algunos recintos de la Universidad de Puerto Rico durante el mes de abril, en el campus de Río Piedras se dictó la conferencia: Puerto Rico y la crisis económica: Junta de Control Fiscal, efectos en el País.

Con decenas de estudiantes, personal docente, no docente y público en general iniciaron las presentaciones ofrecidas por el Dr. Iyari Ríos González del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de Río Piedras, el Dr. José Caraballo Cueto, director del Centro de información censal del Recinto de Cayey y el economista Heriberto Martínez Otero de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.

En su participación, Ríos González, quien abundó sobre el comportamiento histórico de algunos indicadores macroeconómicos, apuntó que se necesita aumentar las contribuciones a empresas multinacionales radicadas en Puerto Rico.

De otra parte, el Dr. Caraballo describió el panorama actual como “la gran depresión de Puerto Rico en más de 100 años” y sostuvo que el salario real promedio es el mismo de hace 12 años.
Además destacó que: “Se han perdido cerca de 268 mil empleos netos desde que empezó la gran depresión nuestra en 2006 al 2015. Desde el 2006 hasta el 2014, 600 mil migrantes han salido de Puerto Rico, ocurriendo una reducción poblacional”.

El también profesor de administración de empresas compartió que para este año se espera que el pago de la deuda ascienda a $4,500 millones de $3,500 millones en 2012. A la vez, subrayó que el alto interés (56 %) que se paga por la deuda, es mayor al que pagan las corporaciones públicas de Detroit (Michigan) declaradas en quiebra.

Asimismo, advirtió que hace 16 años se aplica la receta de los bonistas con privatizaciones de aeropuertos y carreteras, “reforma laboral” (remoción de beneficios marginales a empleo parcial, Ley 7 y Ley 66), IVU, mayores costos por utilidades y menos servicios públicos, cruditas y eliminación de crédito por trabajo, por mencionar algunos.

Con respecto a la Junta de Control Fiscal, aseveró que anteriormente se han aplicado Juntas en otros estados obteniendo resultados drásticos. Por ejemplo, en el estado de Washington D.C. subrayó que su implementación conllevó el despido de 2 mil empleados públicos y aumentó la pobreza durante ese periodo de 17 % en 1999 a 20 % en 2000.

Caraballo sostuvo que otras de las medidas propuestas por la Junta con el fin de “promover el empleo de la juventud es que a jóvenes de 25 años o menos no le apliquen el salario mínimo federal hasta el 2025”. Mientras que en Estados Unidos se habla de aumentarlo entre $12 a $15.

El director del Centro de información censal destacó que los “peores enemigos son la resignación, el fatalismo y la inacción”. Razón por la que para paliar la crisis propuso una moratoria al pago de la deuda para forzar la reestructuración y reinvertir dinero economizado (por ejemplo, transportación pública y cuido de niños), auditar la deuda, crear una regla fiscal con participación ciudadana y promover el desarrollo económico (exportar, agricultura orgánica y natural, turismo médico, empresarismo local, etc.).

En la misma línea, el economista Heriberto Martínez argumentó que “las políticas de austeridad han provocado mayor desigualdad, reflejada en la distribución funcional del ingreso, en la que los dueños de capital continúan aumentando su participación en la distribución del ingreso en detrimento del poder adquisitivo de la clase trabajadora”. Por lo que afirmó que detener la austeridad debe ser el primer paso para salir de la crisis económica.

Por último, detalló que la salida de la crisis se puede lograr con políticas públicas certeras. Estas incluyen: impuestos progresivos, mantener el poder adquisitivo de las clases medias, reducción de gastos del gobierno en áreas ociosas (ejemplo, la deuda pública), incentivar el empleo con salarios competitivos e incentivos por trabajo y mejorar la captación de impuestos indirectos que logren ingresos provenientes de la economía informal.

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