“Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos”, (Papa Francisco).

Contrario a la mayoría de los países del mundo, este próximo, lunes, 4 de septiembre celebramos en Puerto Rico al igual que en los Estados Unidos, el Día del Trabajo. En el resto del mundo; particularmente, en Europa, América del Norte y del Sur, esta celebración se lleva a cabo el primero de mayo.

En Puerto Rico ha ido proliferando la celebración no oficial, del Día Internacional de los Trabajadores el primero de mayo, como la expresión más genuina de la clase trabajadora del País. El Día del Trabajo que observamos el primer lunes de cada septiembre, es visto como una fecha para el descanso de nuestros obreros.

Sin embargo, este año 2017, el mes de septiembre también será recordado como el mes en que debió comenzar la reducción de la jornada laboral para más de 100 mil trabajadores del gobierno central. Esta reducción de la jornada laboral; ordenada por la Junta de Supervisión Fiscal, el pasado 4 de agosto, la cual ha sido objetada por el gobierno; a pesar de haberla consentido cuando celebró la aprobación del plan fiscal en marzo pasado, plantea un sacrificio enorme que atenta directamente contra el bienestar de gran parte de nuestra clase trabajadora.

De entrar en vigor la reducción de dos días de trabajo al personal del gobierno central, se despoja a este grupo de trabajadores del Estado, del salario acordado en su contrato de empleo, sin ofrecerle a estos o a sus representantes, la oportunidad de evaluar otras alternativas para evitarlas. La reducción de la jornada lleva aparejada la disminución de los salarios de los trabajadores en un 10 %, y todos sabemos que ese despojo de salarios por parte del gobierno, significa que serán ellos, los que tendrán que cargar con un sacrificio mayor al del resto de la sociedad.

Actores importantes de la sociedad civil de Puerto Rico, han manifestado que esta reducción de la jornada de trabajo de los empleados del gobierno central, es como si se le impusiera una contribución del 10 %, exclusivamente a este sector de la población. Han augurado que esa carga adicional afectará no solo la economía del País, puesto que anticipan una reducción en los gastos de consumo, sino que traerá consecuencias muy negativas para esas familias, para su salud y el bienestar social en general.

No podemos olvidar que a esta medida de extrema dureza para nuestros trabajadores, ya le han precedido otras medidas legislativas que han sido aprobadas en detrimento de todos los trabajadores de nuestro País. Entre las leyes aprobadas; están las que le quitan a los trabajadores del sector privado y del gobierno, de los derechos a una justa acumulación de los días por razón de vacaciones y enfermedad. La de la extensión de la jornada máxima de 8 horas diarias como lo exige nuestra constitución, por una semana “comprimida”, sin compensación extraordinaria. La eliminación de la paga doble los domingos, la reducción del bono de Navidad, entre otras. En resumen, todo un catálogo de medidas nocivas, dirigidas a la clase trabajadora, que es al fin de cuentas, la que produce la riqueza del País.

El Gobierno parece ensañarse sin contemplación ni misericordia alguna contra los sectores más vulnerables de la población, sectores a los cuales está llamado a proteger. Al mismo tiempo, se decanta por favorecer los privilegios de clase, al fomentar la exención contributiva a empresas y al ofrecer incentivos industriales, a entidades o a individuos adinerados, e invocan para ello su justificación y necesidad, por cuanto generalizan, promueven el desarrollo económico de Puerto Rico.

Además, la gran apatía y la desconexión del pueblo para con su gobierno es respuesta directa; a la escasa prudencia mostrada en el gasto publicitario gubernamental; a las asignaciones exorbitantes de los salarios de los funcionarios nombrados; y a la proliferación de contratos externos de las ramas ejecutiva y legislativas del gobierno, con poca o ninguna justificación.

Por todo ello, este Día del Trabajo, y en el descanso, les invito a la reflexión y a la acción. A una meditación sobre cuáles derechos obreros deben mantenerse inalterados y a plantearle constructivamente nuestro sentir al Gobierno, para que no se convierta este día en una celebración hueca. Es tiempo de educación y de gestión para que se valoren las contribuciones de los trabajadores y se atiendan los reclamos de justicia laboral. Después de todo, parafraseando al Papa Francisco, corresponde al Gobierno ampliar sus perspectivas de miras para garantizarle un sustento digno, al conjunto de ciudadanos más lastimado por todas estas medidas: la clase trabajadora.

(Román Velasco González | Exsecretario del Trabajo (2004-2008) 

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