Las enmiendas que se aprobaron al proyecto de reforma educativa representan una protección “sin precedentes” al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus más profundas convicciones, sin que les impongan ideologías contrarias a la fe de la familia.
Y es que los grupos laicos en defensa de la familia coincidieron en que la nueva Ley cambió la antigua práctica de que los padres antes no podían objetar los contenidos ofensivos que se introdujeran en los currículos de las escuelas públicas. Ahora, los padres tienen la herramienta en ley para que a sus hijos no se les enseñen contenidos sexuales o de la ideología de género sin que ellos lo autoricen.
Al respecto, el nuevo capítulo XI de la nueva Ley aprobada incluye un Artículo 11.01 sobre “Derechos de los padres, tutores y encargados”, que reconoce “que la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental”. En esa línea, establece que “la escuela tiene una función subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna”. En el inciso g de ese mismo artículo dispone que “los padres, tutores o encargados de los estudiantes del Sistema de Educación Pública, tendrán derecho a […], seleccionar de forma exclusiva, la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad”.
Por otro lado, las enmiendas aprobadas eliminaron la enseñanza de la ideología de género (artículo 204-b, inciso 35), eliminó el artículo que pretendía imponerle a los niños una educación sexual con énfasis en la relación sexual (ver nuevo artículo 9.05-g), estableció que no se puede discriminar a los padres por sus ideas religiosas (artículo 11.01-a) e incluyó el consentimiento escrito de los padres para la participación de los estudiantes en las diversas alianzas y proyectos, así como la obligación del Consejo Escolar de divulgar a la comunidad escolar todos los contenidos y currículos (artículo 6.05 m y n).
“Hay que hacer énfasis a los padres, que tanto el Código Civil, como la Constitución de Puerto Rico y ahora la Ley de Reforma Educativa, además de otras leyes vigentes, son las herramientas para ejercer su patria potestad y sus derechos ciudadanos en favor de sus familias y libertades civiles. El precio de la libertad es la eterna vigilancia”, resumió la portavoz de la organización Mujeres por Puerto Rico, Claribel Maldonado.
(Oficina de Comunicaciones | Arecibo)
