El Colectivo Nacional Todos Somos Pueblo envió su “Mensaje a la Nación como preparación al 1ro de mayo”, Día Internacional del Trabajo, en una carta liderada por el economista Dr. Francisco A. Catalá Oliveras. En el mensaje se habla directamente sobre los profundos desafíos laborales que enfrenta el País y el grave riesgo de lo que llaman “la cacería de rentas”.
Foto: Dr. Francisco A. Catalá Oliveras, economista.
El mensaje completo aquí:
“Cacería de rentas: visión crítica sobre el Día Internacional del Trabajo en el contexto actual”
Dr. Francisco A. Catalá Oliveras
Economista
En muchas ocasiones, cuando se hace referencia a la jornada laboral, a las condiciones de trabajo, a las vacaciones, a licencias como las de maternidad y enfermedad, a los planes médicos o a la seguridad social y a las pensiones, se pasa por alto el historial de lucha que ha hecho posible tales reivindicaciones. Dicho historial, unido a los nuevos retos que ahora se confrontan, es lo que inspira la conmemoración del Día Internacional del Trabajo con que se inicia el mes de mayo.
La huelga de mayo de 1886 en Chicago tenía como norte la consecución de la jornada laboral de ocho horas. Desde principios del siglo 19 era un reclamo en agenda. La huelga provocó, aparte de innumerables heridos, muertes y torturas, la ejecución “oficial” de varios sindicalistas. Se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1887. José Martí, entonces corresponsal en Chicago del periódico argentino La Nación, la describió así: “…salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas…luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable…”
Foto: Dr. Francisco A. Catalá Oliveras, economista, (izquierda) y Padre Pedro Ortiz (derecha).
Los temas de ayer, con las variaciones de rigor, siguen vigentes hoy, máxime cuando muchas conquistas del pasado están amenazadas o, incluso, menoscabadas. Desafortunadamente, las buenas instituciones que muchos toman por sentado son frágiles. Están constantemente asediadas. A las instituciones, como a las casas, es más fácil derribarlas que edificarlas. Desde hace varias décadas, el plano de destrucción institucional se ha inspirado en el neoliberalismo, doctrina individualista que hábilmente se ha integrado a los “hábitos mentales” de muchos de manera casi anónima: “la sociedad no existe, sólo existen individuos egoístas”. No hay doctrina más efectiva que la que penetra por los poros sin que los sujetos se aperciban de ello.
El neoliberalismo tiene como pilares la centralidad del mercado y la preferencia del espacio privado sobre el público. Se distingue por dos dietas: la primera, recomendada para el Estado, es un severo régimen alimenticio de adelgazamiento; la segunda, recetada para la empresa privada, se resume en la liberación de todos los apetitos imaginables. En sus redes se gestan las políticas para precarizar el trabajo, para privatizar, para reformar pensiones e individualizar el riesgo, para reducir programas sociales, para otorgar privilegios fiscales, para impulsar medidas de austeridad… Sirve de fragua o de terreno fértil para que florezca la cacería de rentas.
La cacería de rentas es, en su acepción más sencilla, ganar sin producir, gestión empresarial improductiva y hasta destructiva que incluye cabildeo por privilegios, contratos leoninos y asimétricos, evasión de impuestos, creatividad contable, dominio monopólico, control de acceso, colusión, robo…
En Puerto Rico ha estado vinculada por muchos años al enclave industrial fomentado por exenciones tributarias, siempre bajo el velo de transferencia de ingresos de una jurisdicción a otra, acusada durante décadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También sobresale en las contrataciones gubernamentales y en el uso de fondos federales. No se trata de únicamente de individuos rateros y jaibas que, sin duda, abundan. Se trata de entidades corporativas expresamente organizadas para tal fin, entre las que se han destacado las contratadas por el Departamento de Educación y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La extorsión y el soborno son manifestaciones de la cacería de rentas. Pero cuando se enfrenta la corrupción suele destacarse más a políticos y a funcionarios que a los actores privados. Resulta más fácil identificar y personalizar a los primeros que a los segundos, generalmente más sofisticados y protegidos bajo el palio de complejas organizaciones corporativas, sobre todo si son del exterior.
Los cazadores de rentas son atraídos por el “dinero fácil” asociado a la debilidad institucional, a las crisis, a las ayudas, a la desorganización… Adviértase el ya conocido comportamiento de los llamados fondos buitre. Carecen de raíces. Se desplazan de un lugar a otro para engullir nuevas presas, siempre movidos por la especulación. Desde lejos huelen las tragedias, las penurias, los desastres… Les son rentables.
Puerto Rico resulta apetecible: la clase obrera está disminuida y crecientemente desorganizada, la clase empresarial local es débil y eminentemente subalterna y el gobierno, en bancarrota, está sometido a una junta imperial de claro carácter neoliberal. No hay confrontación de fuerzas sino de debilidades. El país parece que se desdibuja. Su población disminuye a pasos acelerados. Envejece y, a la misma vez, la seguridad para los jubilados se coloca en entredicho. La base productiva ha disminuido aún más. Sin una base productiva sana y dinámica no hay país, ni estructura tributaria ni deuda que sea sostenible. El mercado laboral, con una tasa de participación de apenas 40 por ciento, es a todas luces disfuncional. La distribución funcional del ingreso, dividido entre asalariados y propietarios, es cada vez más adversa para los primeros. Todo esto, y mucho más, que comenzó antes de los huracanes, los sismos y la pandemia, se ha intensificado con el impacto de estos fenómenos.
Mientras tanto, el gobierno y la Junta de Supervisión (Control) Fiscal, enceguecidos por obsesiones ideológicas, permanecen enredados en planes fiscales de recortes presupuestarios y de pensiones, de menoscabo de derechos laborales y de desmantelamiento del sector público, en lo que sobresale la ofensiva en contra de la Universidad de Puerto Rico y el contrato de la AEE con LUMA, claro ejemplo de una política de privatización inspirada en cacería de rentas. Huelga decir que en los planes fiscales priman los intereses de los acreedores, de algunos, no de todos. Es curioso, no faltan los que piensan que la vía para el desarrollo consiste en intensificar el subdesarrollo… No sorprende, por tanto, que luego de tantos “ajustes” y de un aluvión de transferencias federales relacionadas al huracán María, los sismos y la pandemia, en el Plan Fiscal certificado el 23 de abril de 2021 se termina con una proyección de un breve trayecto de crecimiento raquítico para luego caer nuevamente en un hoyo en la próxima década. Las políticas de desarrollo brillan por su ausencia.
¿Qué hacer? Hay que acusar la cacería de rentas ya que la misma se traduce en recursos extraviados que se le escamotean a los procesos de desarrollo y al servicio público. Las ayudas no son derechos adquiridos de carácter recurrente. Son pasajeras. Son efectivas cuando se hacen innecesarias. Para ello hay que utilizarlas bien y no permitir que se circunscriban a consumo ni, mucho menos, que se las trague el agujero negro de la cacería de rentas.
Por ejemplo, si se reorganiza la AEE para liberarla del lastre político y de prácticas corruptas, si de verdad se reestructura la deuda y se elimina un peso de carácter insostenible y si se diversifican las matrices energéticas mediante el uso de recursos renovables, entonces la senda, aunque empinada, sería prometedora. Pero el contrato con LUMA, que más que privatización es desmantelamiento, parte de la cacería de rentas y expone al pueblo de Puerto Rico a un enorme riesgo.
También hay que, de una vez, diseñar un sistema tributario que, de verdad, sea funcional. Esto, por supuesto, requerirá de nuevos instrumentos de promoción de inversiones para evitar el continuo uso y abuso de las exenciones fiscales, acompañadas en el caso de la inversión directa externa de un excesivo flujo de rendimientos hacia el exterior que provocan una constante hambre por fuentes de capital. Y, sobre todo, hay que exigir de las autoridades públicas la prioridad que merecen los planes de desarrollo.
Por último, no se puede continuar con la reducida densidad sindical de hoy día. Los sindicatos, prácticamente inexistentes en el sector privado, son la única fuente de poder independiente con que cuentan los trabajadores. Se requiere un nuevo sindicalismo que, lógicamente, partirá del que existe. Los retos de organización y formación son enormes. Algunas nuevas tecnologías ayudan. Otras fraccionan y pueden ser debilitantes. Sobre todo, hay que fortalecer lazos de unidad. La clase trabajadora no se siente representada por estancos. Es evidente – se escucha en sus expresiones – que gran parte de los sindicalistas está muy consciente de esto. Ellos lo sienten día por día. Es imperativo remar juntos.
30 de abril de 2021
