Cada 4 años antes del período eleccionario surgen denuncias de que la administración de turno, que desconoce si revalidará el próximo cuatrienio, está atornillando empleados en las distintas dependencias del gobierno. Sin importar qué partido esté en el poder esta es una modalidad que se repite, pero ¿por qué ocurre?
Para Fernando L. Torres Ramírez, catedrático asociado de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, es necesario definir qué es un empleado atornillado. Describió que se trata de empleados que durante el período que se considera pre o pos electoral, dos meses antes y dos después, la autoridad denominadora (agencias a nivel estatal, municipios o corporaciones públicas) conscientes de que hay una ley que prohíbe hacer transacciones de personal, le otorga la permanencia, lo reclasifica o mejora sus condiciones laborales.
Añadió que: “Esto ocurre como regla general cuando esa autoridad denominadora, ese alcalde o ese gobernante sabe que va a perder o decidió que no aspirará a otro término y evadiendo el sistema de méritos que está plasmado como política pública en nuestro país, opta por beneficiar a esos empleados contrario a lo establecido en la ley”.
Precisó que la razón por la que existe esta prohibición es “para tratar de impulsar o garantizar que los procesos de selección, nombramientos y acenso en el sistema gubernamental sean por mérito y no por factores extraños a la capacidad de los empleados”.
Al preguntarle al otrora Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, la legalidad de atornillar empleados, manifestó que en Puerto Rico hay leyes de varias décadas atrás que prohíben expresamente esta acción. Sin embargo, reconoció que: “A pesar de la veda, aún hay funcionarios gubernamentales, directores de agencia e incluso directores de corporaciones públicas y alcaldes que aviesamente violan la ley”.
Sobre qué ocurre con estos nombramientos que se hacen durante la veda electoral, explicó que sino se realiza una querella o una denuncia al nuevo jefe, el que recibió ese beneficio ilegal continuará recibiéndolo pro tempore. Recalcó que cuando hay cambios de gobierno el nuevo alcalde o funcionario si es buen administrador, además de solicitar el informe de transición, que es un mandato de ley, debería solicitar una auditoría de las transacciones de personal.
Esta permite identificar si se hicieron transacciones de personal de forma incorrecta durante la prohibición que existe en ley. “Al momento que se detecta un caso se le notifica al empleado y no hay que cumplir con los procesos extraordinarios porque el Tribunal Supremo estableció que, si a un empleado se le atornilló, por usar la acepción común, en violación de la política pública no hay que darle las garantías del debido proceso de ley porque ese nombramiento es nulo”, apuntó.
El también exjuez superior reconoció que, aunque muchos de estos empleados intentan ir a los tribunales en busca de un remedio a su favor el Supremo ha sido claro sobre este asunto, y no falla a favor de estos porque el nombramiento no fue correcto según las disposiciones de ley.
De otro lado, destacó que “en un país con más de 130 agencias y 78 municipios, dependemos de que los nuevos alcaldes, directores de agencias, secretarios y directores ejecutivos conozcan las normas o designen gente especialista en la ley de personal para estar pendientes a esto”. Continuó diciendo que: “Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que si llega un funcionario incompetente o un alcalde del mismo partido que hizo la transacción ilegal, probablemente no se va a preocupar por velar el cumplimiento de la ley”.
Por último, al indagar sobre qué se puede hacer para evitar esta práctica, Torres Ramírez sugirió que debe establecerse una norma que sancione o castigue al funcionario que no cumpla con la política pública. “Este asunto es una responsabilidad compartida, de nosotros el pueblo, que escojamos gente competente, seria y responsable que no van allí a violar la ley para acomodar a la gente de su partido, sino para administrar adecuadamente el país”, recalcó.
