Uno de los bienes más preciados por la humanidad es la salud, y por ello el acceso a servicios esenciales de salud es uno de los derechos humanos de mayor relevancia. El respeto y la protección de la vida dependen de sistemas de salud que garanticen a todas las personas servicios curativos y preventivos. La Doctrina Social de la Iglesia afirma que un elemento esencial del bien común es la salud. Le corresponde al estado asegurar que todos tengan acceso a servicios adecuados. La realidad mundial, sin embargo, no parece reflejar la importancia de este derecho.
En el Informe de 2016, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas revela que muchos países carecen de una cobertura de salud universal y que además un número significativo de personas que hace uso de los servicios se enfrenta a unos gastos catastróficos que superan el 25 % del total del gasto de los hogares. Al dimensionar la magnitud de este problema se señala que cada año mueren 303 mil mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto; 5.9 millones de niños mueren antes de cumplir cinco años; 2 millones de personas se infectan con el VIH; más de 10 millones de personas mueren antes de cumplir 70 años debido a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer; 800 mil personas se suicidan; 1.25 millones de personas mueren debido a lesiones causadas por accidentes de tráfico; 4.3 millones de personas mueren a causa de la contaminación producida por los combustibles de cocina; 3 millones de personas mueren debido a la contaminación exterior; y 475 mil personas son asesinadas, un 80 % de las cuales son hombres. La carencia de sistemas de salud adecuados, se ve reflejada en casi todos los países. Son los pobres, envejecientes y las poblaciones remotas, las más afectadas.
El Consejo Multisectorial de Salud de Puerto Rico, en su informe de octubre de 2016, al analizar el sistema de salud vigente establece que existe una gran desigualdad en acceso a servicios de salud en nuestro País. A la misma vez se ha convertido a la salud en un bien de consumo, alejándose de la visión de la salud como un derecho humano fundamental. Esta visión no ha conseguido su objetivo de controlar el gasto en salud. En Puerto Rico, la inversión en salud alcanzó, según cifras del Departamento de Salud (2014) un 10.5 % del Producto Interno Bruto. Por lo que el sistema de salud, no solo es costoso, sino que al no proveer acceso igual, no es justo, especialmente para las comunidades con desventajas sociales y económicas.
El Consejo Multisectorial de Salud del Recinto de Ciencias Médicas, sugiere que el modelo de salud pública de Puerto Rico se reoriente colocando el acceso a los servicios de salud en el marco de los derechos humanos. Establece además, que atender el problema de salud implica considerar otros factores que afectan la calidad de vida, como el acceso a alimentación, a vivienda adecuada y a agua potable. Es un problema ético limitar el acceso a los servicios de salud por criterios estrictamente comerciales y recomienda que el desarrollo de una política pública en esta área debe contar con la participación democrática de los ciudadanos. El modelo de salud pública, según este organismo, debe estar centrado en el paciente.
Esta visión es cónsona con la Doctrina Social de la Iglesia, la cual establece que las políticas gubernamentales han de visualizar la salud como un derecho de todas las personas, restándole importancia a factores comerciales. En estos momentos en que se están considerando medidas a nivel del Congreso de EE.UU., que afectarán las asignaciones de fondos para programas de Salud en Puerto Rico y que, debido a las limitaciones financieras del país, existe la posibilidad de limitar muchas de las prestaciones sociales existentes: ¿Sacrificaremos el Bien Común o seremos capaces de implantar alternativas que no afecten ese derecho esencial de las personas?
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(Nélida Hernández)
