La semana pasada expusimos la importancia de que los cristianos colaboremos en la construcción de un mundo en el que prevalezca la paz y la justicia. Al cumplir esta encomienda es necesario definir la organización política y económica de la sociedad. La Doctrina Social de la Iglesia establece que el fin último de esta organización, a la que se conoce como gobierno, es la consecución del Bien Común (Compendio de Doctrina Social, 168). El gobierno tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. Cumplir con este propósito requiere que este actúe, no solo entorno a los intereses de las mayorías, sino que fomente el bienestar de todos los miembros de la comunidad, incluyendo a las minorías (CDSI 169).
En un sistema democrático de gobierno, los ciudadanos eligen aquellas personas en los que delegarán los poderes necesarios para lograr esta armonía de intereses. Según establece la Doctrina Social de la Iglesia, el sistema democrático exige que la autoridad política sea responsable ante el pueblo. Su responsabilidad consiste en ponerse al servicio de la sociedad civil y de todas las personas. El gobierno tiene como funciones esenciales: El establecimiento y fortalecimiento de estructuras que garanticen los derechos esenciales de todas las personas (salud, educación, vivienda, recreación, etc.), mantener el orden y la paz, promover libertad religiosa, proporcionar seguridad a los ciudadanos, formular leyes, administrar justicia y establecer relaciones con otros estados. El establecimiento de un orden económico que promueva el bienestar general y el desarrollo integral de las personas es también una función primaria del gobierno.
La Doctrina Social de la Iglesia insiste en que una verdadera democracia requiere la defensa de la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos del hombre y asumir que el bien común debe ser el fin y criterio regulador de la vida política. En una verdadera democracia debe existir un consenso en torno a los valores que han de orientar la gestión pública. La autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores morales esenciales, que se definen no a partir de ideologías ni de creencias particulares, sino en torno a la naturaleza humana y a los valores universales de verdad, justicia, libertad y solidaridad.
En una democracia, la participación de los ciudadanos no se limita a la selección de las personas que han de representarlo. Los ciudadanos tienen el deber de tutelar, ya sea directamente o a través de organizaciones, sus derechos; buscar la información necesaria
para poder fiscalizar y elegir a los gobernantes; promover los derechos de las familias. Los ciudadanos tienen el deber de exigir que el gobierno les sirva a sus mejores intereses y de evaluar el carácter moral de aquellos en los que delega la responsabilidad de promover el bien común. Deben recordar que la capacidad del gobierno de responder a estos ideales depende de la integridad moral y visión de servicio de los líderes políticos electos para el ejercicio del gobierno.
En ocasión del Encuentro de Laicos Católicos que Asumen Responsabilidades Políticas al Servicio de los Pueblos de Latinoamérica, celebrado en Colombia (2017) el Papa Francisco expresa: “Se necesitan dirigentes políticos que vivan con pasión su servicio a los pueblos, que vibren con las fibras íntimas de su ethos y cultura, solidarios con sus sufrimientos y esperanzas; políticos que antepongan el bien común a sus intereses privados, que no se dejen amedrentar por los grandes poderes financieros y mediáticos, que sean competentes y pacientes ante problemas complejos, que estén abiertos a escuchar y aprender en el diálogo democrático, que combinen la búsqueda de la justicia con la misericordia y la reconciliación”. Estos líderes deben reconocer las necesidades apremiantes de transformación de nuestro pueblo en las áreas más significativas: Familia, juventud, educación, salud, participación ciudadana, corrupción y empobrecimiento y ser capaces de formular programas y planes coherentes que respondan a estas necesidades. ■
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Nélida Hernández
Consejo de Acción Social Arquidiocesano
Para El Visitante
En mi opinión se debe enfatizar en acciones más concretas. Se debería decir que toda política pública debe proteger la vida; proveer seguridad alimentaria, servicios de salud y seguridad a todos. No puedo decir que sean gratis pero si accesibles a todos, sin excepción. Además, se debe enfatizar que la política pública jamás debe promover, apoyar o financiar el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido ni la pena de muerte bajo ninguna circunstancia. La vida es el valor principal antes ninguna otra consideración.