Cuando hablamos de seguridad pública nos referimos a las normas establecidas por un organismo político para lograr el orden, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a leyes y reglamentos y procesar los delitos. Debido a que la seguridad pública abarca el desarrollo de leyes que deben procurar la justicia social, le corresponde al Estado tutelarla y garantizarla. Es un elemento esencial del bien común. Como todo aspecto social, requiere también del apoyo y participación de las personas y las comunidades.
En la Doctrina Social de la Iglesia Católica (CDSI), se plantea una fuerte relación entre la seguridad pública y el respeto a la dignidad de las personas. La seguridad pública no puede menoscabar los derechos básicos de las personas. También es importante señalar que la falta de acceso a estos derechos genera inequidad y las conductas criminales son alentadas por el incumplimiento o violación de los derechos humanos. El desarrollo de un orden social justo y equitativo, es pues, un requisito para alcanzar el máximo bienestar de las personas, en lo que se refiere a la seguridad.
El planteamiento social católico es que todo el sistema político y las normas (leyes) que establecen las autoridades deben dejarse guiar por el orden moral (CDSI, 396-398), de ahí se origina la capacidad del estado para obligar a su cumplimiento. De la legitimidad de las leyes se deriva a su vez la capacidad el estado de establecer penas. Estas deben ser proporcionadas a la gravedad de los delitos (CDSI, 402). Las penas establecidas pretenden reprimir los comportamientos que lesionan los derechos humanos y las reglas fundamentales de la convivencia social.
La Doctrina Social de la Iglesia (CDSI, 403), señala que las penas han de servir como un instrumento de corrección de aquel que infringe las normas y debe buscarse la inserción de la persona nuevamente en la sociedad. Su valor no es solo defender el bien público, sino además promover “una justicia restauradora, capaz de restaurar las relaciones de convivencia armoniosas rotas por el acto criminal”. Para lograr este objetivo es importante respetar la dignidad de las personas sujetas a penas y sus derechos.
En una u otra forma todas las ramas de gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial se relacionan con el logro de la seguridad pública. Su responsabilidad es no solo remediar, sino también prevenir. Existe un contexto generalizado que considera la prevención del crimen uno de los aspectos más importante de las políticas de seguridad pública. En su aspecto preventivo, la seguridad pública busca propiciar un ambiente favorable a la convivencia pacífica de las personas y prevenir la violencia social. La educación, el fortalecimiento comunitario, el uso de tecnología, el desarrollo de políticas de inclusión social y el fortalecimiento de las autoridades son pilares de un enfoque multifacético de las políticas de seguridad pública.
Es precisamente en los aspectos de prevención, que es necesaria la cooperación e intervención ciudadana. Todos debemos esforzarnos por prevenir la no violencia y combatir la delincuencia, desde el rol que ocupamos en nuestras familias y comunidades. En el mensaje del Papa Francisco, para la celebración de la 50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ (enero 2017), enfatiza que: “Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres, entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer lugar en el seno de la familia… Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero”.
En Puerto Rico se ha visto consistentemente un aumento en la tasa de crímenes. Al 31 de julio de 2024, se reportaban 12,087 delitos tipo I, unos 787 delitos más que para el mismo período en 2023 (Datos de la Policía de PR). Esto apunta a necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del crimen y nos urge a constituirnos en elementos de construcción de paz social. Es nuestra responsabilidad como católicos asumir un compromiso hacia la prevención de la violencia y la delincuencia en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestro país.
(Puede enviar su comentario al correo electrónico: casa.doctrinasocial@gmail.com).
Nélida Hernández
Consejo de Acción Social Arquidiocesano
