Estimada Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico y demás distinguidos señores y señoras miembros de esta Comisión.
Comparece la Conferencia Episcopal Puertorriqueña a expresar su posición sobre el Proyecto del Senado (P. del S.) 950 del 7 de mayo de 2018 a los fines de “establecer la Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico”.
Altamente conocida es la posición y la defensa de la Iglesia Cató1ica sobre toda vida humana. Profesamos que el ser humano es creatura de Dios; que Dios es el autor de cada vida humana. “Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 357).
La Iglesia Católica ha enseñado consistentemente que el aborto provocado es una actuación moralmente incorrecta ya que es una violación del quinto mandamiento “no matar”, y representa el más despiadado de los ataques a la vida humana. Para nuestra fe, toda vida humana es sagrada e inviolable desde su concepción hasta su muerte natural. Por ello, la vida humana en el vientre materno no debe estar condicionada en ningún momento. La vida no debe estar condicionada ni a trimestres, ni a la viabilidad fuera del vientre materno, ni si el corazón palpita o no, ni al juicio de un médico. Siendo sagrada la vida humana en todas sus etapas nos oponemos a todos los abortos, sin importar el método.
Nuestra aspiración más amplia es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoque el caso de Roe vs. Wade, 410 U.S. 113 (1973) y, que no haya legislación federal que permita el aborto, y que la legislatura de Puerto Rico prohíba en su legislación toda posibilidad del aborto procurado.
No obstante, cuando ese no es el caso, y el sistema constitucional aplicable permite el aborto en su mayor amplitud, no nos queda otro remedio que apoyar aquellas medidas que de una forma u otra lo restringen y lo regulan ante un sistema legal estatal de total permisibilidad como es en el caso de Puerto Rico. Ante ese escenario legal como el nuestro, donde las leyes del aborto son lamentables y trágicamente “de factura más ancha” no nos queda otro remedio que abogar por medidas que regulen el aborto, como la propuesta en el P. del S. 950.
Nuestros hermanos Obispos en algunos estados de Estados Unidos han apoyado proyectos de ley relacionados con la prohibición de abortos tardíos, el consentimiento informado, los servicios de apoyo para mujeres embarazadas por entender que la protección de las vidas de estos niños y niñas en el vientre materno más que un asunto religioso o partidista, es un asunto del derecho más fundamental y sagrado que la humanidad tiene ante sí: el derecho a la vida humana.
Para nosotros, la defensa de la vida humana del ser humano en el vientre materno es una cuestión del bien común, de proteger, si no podemos a todos los concebidos no nacidos, pues entonces, a la mayor cantidad de ellos y ellas.
Es menester acentuar que “Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, (reiteró) muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto . Esto no impide, como enseña Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium Vitae a propósito del caso en que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación, que un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública” (Congregación Para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los cató1icos en la vida política, n. 4, 24 de noviembre de 2002).
Los puertorriqueños y puertorriqueñas rechazamos el aborto (esto no aplica a los abortos naturales). Por ello, aunque dejamos hacer constatar nuestro rechazo mas enérgico a todo tipo de legislación que promueva el aborto, favorecemos las regulaciones a su práctica contempladas en el P. del S. 950.
Nos entristece que aun el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se haya negado a revocar Roe vs. Wade por lo que invitamos a la oración para que se dé el milagro de una pronta revocación de dicho caso. Mientras tanto, apoyamos una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que ofrecería el pleno reconocimiento legal del derecho a la vida del niño y de la niña por nacer. En lo que eso sucede, no nos queda otra alternativa que apoyar, con salvaguardas, como en este caso, aquella legislación que a menudo implica juicios sobre los medios más efectivos y oportunos para avanzar en la protección de los niños y niñas por nacer y que pueda resistir los desafíos judiciales.
S.E.R. Roberto O. González Nieves, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de San Juan
de Puerto Rico y Presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña
S.E.R. Eusebio Ramos Morales,
Obispo de Caguas, Administrador Apostólico Fajardo-Humacao,
Secretario-Tesorero de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña
S.E.R. Daniel Fernández Torres
Obispo de Arecibo
S.E.R. Álvaro Corrada del Río, S.J.
Obispo de Mayagüez y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña
S.E.R. Rubén González Medina, C.M.F.
Obispo de Ponce
