Las consecuencias por la falta de dinero que tiene el Gobierno de Puerto Rico ya han comenzado a notarse, siendo los servicios que se ofrecen a los ciudadanos los primeros en afectarse. Hace unas semanas los terapistas de niños de educación especial del Departamento de Educación amenazaron con paralizar los servicios si el Gobierno no les pagaba los meses trabajados que les adeuda.

Del mismo modo, la compañía que le suple combustible a la flota de carros del Gobierno, a las patrullas de la Policía y a las guaguas del Departamento de la Familia también puso en jaque al Gobierno al informarle que no le darían más crédito si no pagaban la deuda de $15 millones. Luego de conversaciones y de un pago para abonar a lo adeudado, las partes lograron un acuerdo.

Para el Dr. Luis M. Baquero Rosas, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez estos sucesos son solo los primeros efectos de lo que experimentará el país en los próximos meses. Indicó que el hecho de que no se paguen los bonos o el temor de que no se haga, le cierra las puertas a Puerto Rico para coger algún préstamo con el fin de realizar mejoras a carreteras o infraestructura. “Al final del día los ciudadanos, el pueblo, serán los más afectados porque si no se paga, ellos tampoco van a poder continuar ofreciendo los servicios”, precisó.

De otro lado, el profesor de economía explicó que el pago tardío en reintegros e incluso aquellos que aún no lo han recibido redundará en que el Gobierno reciba menos recaudos este año. Indicó que la idea de utilizar a Hacienda como una cuenta de ahorro es cosa del pasado. Antes los empleados pedían al Patrono que les sacara más del cheque porque así ahorraban cuando Hacienda les devolvía. “No obstante, ante lo que ha ocurrido, el Gobierno solo recibirá lo que los ciudadanos debían contribuir, nada adicional porque todo el mundo está evitando pagar de más ante el riesgo de que no se lo devuelvan”, subrayó.

De otro lado, cuando se le cuestionó si a Puerto Rico se le permitiera acogerse a la ley de quiebra federal y qué efectos positivos tendría, enfatizó que esta ley aplicaría a las corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras, por mencionar algunas. “El mayor beneficio sería que obligarían al Gobierno a reorganizar el pago de la deuda, pero no es como mucha gente piensa que no vamos a pagar. La deuda no se va a borrar. Posiblemente algunas entidades si se le adeudan $100 millones trancen por $70 millones, pero como quiera se les van a deber $30 millones que habrá que pagar más adelante”, enfatizó.

Sostuvo que esta acción obligaría al Gobierno a ser disciplinado porque al estar en los tribunales están obligados a cumplir con el pago y si no lo hacen hay unas penalidades y unos problemas legales. “Si se aprueba la quiebra, el Gobierno requerirá de una reorganización que a ellos (Gobierno) se les hará muy difícil cumplir. Ellos quieren ser diferentes quedándose igual”, manifestó.

Relacionado a si hay acciones que se puedan hacer a corto y mediano plazo para paliar la crisis que ahoga al país, expresó que ya se están dando pasos correctos. Mencionó que la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados ha sido el más agresivo en este aspecto al cerrar 14 de sus oficinas comerciales y solo quedarse con 11 y hacer un mayor uso de la tecnología.

“Una alternativa es que empresas puertorriqueñas empiecen a exportar sus productos. No se pueden limitar al mercado local, hay que pensar a nivel internacional; Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. Esto generará empleos en Puerto Rico y provocará que se mueva la economía”, insistió.

Finalmente, sobre el despido de empleados como una alternativa para reducir gastos comentó que al momento hay una duplicidad de entidades y empleados que las agencias posiblemente deban considerar reducir de su plantilla para ser más eficientes. “Puedes tener mil empleados y aunque no quieras despedirlos si no cuentas con el dinero para pagarles, tendrás que hacerlo.

Esta es una realidad que el Gobierno tiene que empezar a plantear a los empleados, a las uniones y al país para que no se vea como algo arbitrario, sino como una necesidad de la que no se puede escapar”, aseguró.

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