Más de uno se ha opuesto a que se pague el dinero que se les debe a los bonistas. Entre las alegaciones más comunes están que los bonistas son millonarios, malos y hasta buitres. Ante esta situación y para demostrar que no todos los que compraron bonos son así, nació Bonistas del Patio Inc., entidad sin fines de lucro, que representa a una tercera parte de los puertorriqueños que compraron bonos del gobierno.

Se informó que un 20 % del total de la deuda del gobierno está en manos de bonistas locales. Para Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio Inc., estos puertorriqueños están en una posición distinta porque son más vulnerables que el resto de los bonistas.

“La mayor parte de ellos, unos 60 mil (bonistas) son retirados que dependen de ese dinero para vivir. Son igual de vulnerables que los pensionados del gobierno. Todos están en el mismo bote”, indicó.

Asimismo señaló que también hay inversionistas locales que pusieron su capital de negocios en bonos del gobierno y ahora su capital de trabajo está congelado. A eso hay que sumarle “a los socios de las cooperativas, que no son gente rica, pusieron su dinerito como una inversión. No obstante, las cooperativas compraron $1.4 millones en bonos y esos socios igualmente pasan a ser bonistas”.

El Director ejecutivo detalló que el fin de Bonistas del Patio Inc. es abogar a favor de esta población que está afectada a raíz de la deuda y de la que nadie habla “éramos una población ignorada. La gente de Puerto Rico que invirtió en esos bonos prácticamente puso un 100 % de su dinero y nadie habla de nosotros”.

De otra parte, precisó que Bonistas del Patio cabildeó para que se aprobara la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilización Económica, (PROMESA, por sus siglas en inglés) porque entendían que era necesario que un ente que no estuviese comprometido con la política local, “que fuera independiente, objetivo mirara la situación de Puerto Rico y nos dijera cómo solucionarlo de una forma competente”.

Al preguntarle qué esperan conseguir ahora de PROMESA, luego de un largo suspiro, respondió: “Esperamos que se empiece a pagar la deuda, por lo menos los intereses”. Sin embargo, admitió que el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal deja muy poco dinero disponible para pagar la deuda.

“Los recaudos del gobierno central sin incluir las corporaciones públicas (Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados) son $19 millones. Luego que se cubren los gastos sobra un 4 % para pagar la deuda. Eso perjudica enormemente a los bonistas”, detalló.

Precisó que al momento el Gobierno de Puerto Rico que estará a cargo de las negociaciones, no ha detallado cómo se va a pagar el dinero. Lo que sí se ha anticipado es que la JSF estará al tanto de las negociaciones para que no se hagan acuerdos que luego ellos no avalen.

Sobre el proceso de negociación especificó que inicialmente se van a buscar negociaciones consensuales, es decir de buena fe entre las partes. Cada bonista acepta cuánto va a perder en su carácter individual. De no lograrse ningún acuerdo el título 3 de PROMESA permite un proceso similar a una quiebra donde un juez es el que decide cómo se reparte.

Irizarry reconoció que entienden que “es mejor tratar de negociar algo a través de la negociación consensual porque una vez caen en el tribunal se complica mucho. Va a ser más costoso, se va a tardar más y será más controversial”.

De otra lado, Irizarry compartió que los presidentes de ambos Cuerpos Legislativos, Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, se comprometieron a legislar un crédito que ayude a amortiguar la pérdida que sufran los contribuyentes que pagan impuestos en Puerto Rico. El mismo consiste en que el tenedor del crédito podrá utilizarlo para cualquier pago que tenga que hacer al Gobierno.

“En caso de que la persona no tenga que emitir ningun pago podría redimirlo a través de un tiempo establecido. De manera que si perdí $10 mil me darían un crédito por $5 mil”, puntualizó. Cuando se cuestionó si esta legislación tiene el aval de la JSF, dijo que “formalmente no, pero que ellos (JSF) están conscientes de que se ha planteado. Sabemos que al final la Junta tendrá la última palabra”.

Finalmente, Irizarry reconoció que ellos no se oponen a que se paguen las pensiones del gobierno, porque entienden que hay que pagarlas. Sin embargo, criticó que “mientras a unos les van a recortar un 10 %  a nosotros  nos quitarán  un 76 %  y eso no es justo. Todos estamos en el mismo bote”

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