Eliminar el bono de navidad a los empleados públicos, una reducción de un 20 % de la jornada laboral, reformar los Sistemas de Retiro y una reducción de un 10 % en las pensiones, son solo algunas de las enmiendas al Plan Fiscal que presentó el Gobernador, que fueron avaladas de forma unánime por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la reunión que se llevó a cabo el pasado lunes, 13 de marzo en Nueva York.
David Skeel uno de los miembros de la Junta afirmó que “el plan pide sacrificios para el sistema de salud, empleados públicos, la Judicatura y la Legislatura, entre otros”. Mientras, la única mujer en la Junta, Ana Matosantos precisó que: “Esto requerirá sacrificio de estudiantes, retirados y bonistas”.
A los sacrificios que se refieren son a las enmiendas adicionales que tuvieron que incluirse en el Plan Fiscal, para que pudiese cumplirse con la exigencia en recortes para allegar más fondos a las arcas del gobierno y que de esta forma se aprobara.
En su turno, Gerardo Portela Franco, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFAF), detalló los fundamentos básicos del Plan Fiscal, incluyendo los últimos cambios aceptados por el gobernador, Ricardo Rosselló que entre otras cosas propone un alza significativa en el arbitrio que pagan los productos del tabaco.
Cabe mencionar, que tanto la reducción en la jornada laboral como eliminar el bono de navidad son enmiendas condicionadas. Esto quiere decir que si el gobierno lograra demostrarle a la JSF que generará ahorros adicionales por un mínimo de $200 millones no tendría que ejecutarlas.
Sobre el bono de navidad, el director ejecutivo de la JSF, Ramón Ruiz Comas, explicó que “eliminar el bono de Navidad a los empleados públicos daría dinero adicional en caja y serviría como una alternativa de ahorro en caso de que algunas de las medidas no cumpla con las proyecciones esperadas”.
Asimismo Ruiz Comas solicitó una reforma fundamental en los Sistemas de Retiro, que incluyen un 10 % en la reducción de las pensiones “protegiendo a los pensionados más vulnerables”. Durante la conferencia de prensa que se hizo al final de la reunión se aclaró que los retirados de la Judicatura también estarán incluidos en el recorte de pensiones.
Por otro lado, se estableció como fecha límite el 30 de abril, para que el Gobierno presente el presupuesto del próximo año fiscal. Así como identificar ahorros adicionales para generar liquidez. De no presentarse alternativas que redunden en ingresos adicionales, la reducción de jornada podría comenzar a partir del 1 de julio. Si optan por eliminar o reducir el bono de Navidad, y logran los ahorros estimados de $ 2 millones, el recorte de jornada quedaría pospuesto.
De otro parte, los miembros de la JSF tuvieron la oportunidad de aclarar dudas relacionado al contenido del Plan Fiscal. También, el público que tuvo la oportunidad de asistir a la reunión como la presidenta de la Asociacion de Maestros, Aida Díaz quien manifestó su oposición al recorte de dos días a los maestros y por ende a los estudiantes. Del mismo modo, lo hizo una pensionada de la Universidad de Puerto Rico quien se mostró descontenta con los $450 millones que se proponen quitarle al primer centro educativo del país.
Expertos opinan sobre Plan Fiscal
Por su parte, en conversaciones con El Visitante el exsecretario de Justicia, Héctor Reichard de Cardona opinó que cortar la jornada de trabajo a los empleados públicos representará un golpe directo a estas familias. “Para los empleados que viven quincena a quincena esto sería fatal. Además de eso un 20%, que sería la cantidad que dejarían de recibir, va a tener su efecto en la economía local. Esto es un cuchillo de doble filo, por un lado se pueden reducir los gastos del gobierno y mejorar el flujo de caja, pero en la economía de Puerto Rico tendrá un efecto devastador”, puntualizó.
Relacionado al mismo tema, El Dr. Luis Baquero Rosas, profesor de Economía del recinto de Mayagüez, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico precisó que la actitud de estos trabajadores refleja preocupación. “El empleado público está temeroso ante la magnitud de los cambios. Ellos saben que irse a la calle a protestar no va a tener ningún efecto. Ellos no pensaron que les iba a tocar”, argumentó.
