En su Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Organización de las Naciones Unidas establece lo que, a juicio de las autoridades políticas de sus miembros, constituyen derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las personas. Se declara en reconocimiento a la dignidad humana y para promover la convivencia pacífica de las personas y las naciones. Se establecen 30 derechos fundamentales. Todos ellos descansan en que hemos nacido libres e iguales.
De la igualdad del hombre se desprenden la no discriminación, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud o la tortura, la igual protección de las leyes, la prohibición de detenciones injustas, el derecho al juicio y la presunción de inocencia. Se establece que los derechos son aplicables universalmente y que las leyes deben garantizar los derechos a todas las personas. De la libertad debida a toda persona se identifican unos derechos, entre estos: derecho a la privacidad, libertad de movimiento hacia otros países y dentro del propio país; derecho al asilo; a tener una nacionalidad; a formar una familia; derecho a la propiedad privada, libertad de pensamiento, libertad de expresión; derecho a reunirse públicamente; a la participación democrática y derechos de autor. Otros derechos permiten las condiciones para disfrutar de una vida digna: derecho a seguridad social; al trabajo; a disfrutar de tiempo de ocio; a tener comida y vivienda; a la educación; a un orden social que permita disfrutar de derechos y libertades. Como parte de la declaración se establece también la responsabilidad de todas las personas por proteger los derechos y libertades establecidas y la determinación de que nadie puede negarle los derechos humanos a ninguna persona.
Este documento, aunque elogiable, no ha servido para evitar que en muchas naciones no se mantengan ordenamientos civiles que garanticen el respeto a la dignidad de la persona humana. Las violaciones de derechos civiles ocurren a diario, ya sea por la existencia de injusticias sociales y económicas, por las manifestaciones de violencia institucional o por la existencia aún de leyes discriminatorias. Una de las formas más comunes de violación de estos derechos radica en la pobreza.
El Dr. Roberto Herrera Cáceres, comisionado de Derechos Humanos de Honduras, en un escrito de noviembre de 2016 afirma: “La historia de la humanidad evidencia que la pobreza y sus condiciones (como la exclusión y marginación social, la falta de empleo productivo, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano) constituyen un atentado contra la dignidad humana que niega el pleno y eficaz disfrute de los derechos humanos; y están entre las principales amenazas a la democracia, paz, libertad y el desarrollo.
Por largo tiempo se ha carecido de un enfoque reconocido mundialmente sobre la pobreza y su impacto en la dignidad y los derechos humanos y sus efectos en la seguridad y el desarrollo. Es hasta en los últimos años del siglo XX y los que llevamos del siglo XXI que, a ese respecto, hemos avanzado en grandes y extraordinarios acuerdos regionales y universales.
Esos acuerdos caracterizan a la pobreza como amenaza a la seguridad humana de los habitantes, a la estabilidad democrática y al desarrollo sostenible de las sociedades centroamericanas; y señalan también como amenazas a: la falta de desarrollo sostenible y de democracia, el deterioro del medio ambiente, la inseguridad de las personas y bienes, la corrupción, impunidad, violencia, delincuencia, narcoactividad, el tráfico de armas y el terrorismo. Esas situaciones deben ser tratadas, como asuntos de seguridad humana de las personas y comunidades dentro de los Estados y entre los Estados; y deben ser resueltas con una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible, en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas”.
Para garantizar los derechos humanos es imprescindible la participación de las personas y comunidades, y lograr respuestas intersectoriales a todas las condiciones que constituyen amenazas a la supervivencia, a los medios de vida y a la dignidad de las personas; impulsar el desarrollo sostenible local, y luchar para enderezar, no tanto las finanzas, como la economía y la vida social como nación con fundamentos cristianos.
(Luz Palmira Burgos| Consejo de Acción Social Arquidiocesano)
