La educación es un derecho fundamental de las personas. San Juan Pablo II, en su Encíclica Centessimmus Anus (1991), establece que “el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad” es un derecho universal. De esta forma establece que la educación no es un fin, sino un medio para lograr el desarrollo de las capacidades de la persona hacia la verdad. La educación nos debe guiar a la verdad. Se convierte en un instrumento para que el ser humano se engrandezca y alcance la libertad. Repitiendo las palabras de Jesús: “La verdad os hará libres” (Jn 8, 32).    

La Doctrina Católica establece que la responsabilidad primaria de la educación corresponde a los padres y la familia. La familia forma al hombre en la plenitud de su dignidad. Asume una labor insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el bienestar de la sociedad (Ref. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia -DSIC-, 238-239). Sin embargo, los padres son los primeros, pero no los únicos educadores de sus hijos. En el CDSI (167) se identifica a la educación como un componente del bien común, que debe procurar el estado, en beneficio de las personas. Junto a la alimentación, vivienda, trabajo, transporte, acceso a la cultural, salud y la libertad religiosa, es un servicio esencial que el gobierno y sus instituciones deben garantizar. Tanto las familias, como las instituciones del gobierno, deben colaborar en el esfuerzo educativo, cada uno den su propia esfera y en estrecha colaboración.

La pandemia del COVID-19, ha transformado el modelo educativo implantado por los organismos gubernamentales. Las escuelas están cerradas, los maestros han tenido que cambiar sus clases presenciales a una modalidad en línea, y los estudiantes están en casa realizando sus tareas y actividades escolares. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1,200 millones estudiantes de todos los niveles de enseñanza, dejaron de tener clases presenciales en la escuela. De ese total, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Los países tuvieron que adoptar medidas en forma urgente para permitir la educación a distancia, lo que implicó acelerar algunos procesos, como el uso de aplicaciones de internet, para los cuales las familias, sobre todo aquellas con desventaja social, no estaban preparadas. Estudios señalan que el acceso desigual a los servicios educativos vía digital, ha agrandado la brecha en la calidad educativa entre diferentes sectores de la sociedad.   

En Puerto Rico, se estima que un 54% de los hogares tienen acceso a internet, pero éstos se encuentran mayormente en la Zona Metropolitana y Zona este de la Isla. De otra parte, en 38 municipios, menos del 50% de sus hogares tienen conexión a internet, en su mayoría municipios de la zona central y suroeste. Pero el problema no se reduce a tener acceso, computadora y aplicaciones, sino que para que un modelo educativo virtual funcione, es necesario enfrentar el analfabetismo digital de maestros, padres y alumnos. Todas estas condiciones crean una mayor desigualdad en el acceso a los servicios, en detrimento de las poblaciones más vulnerables, para las que la educación es un instrumento para vencer el círculo de la pobreza. 

En Puerto Rico, se han minimizado las implicaciones de la pandemia en el modelo educativo. La adaptación a los tiempos de pandemia requiere más que un mero cambio en las modalidades de interacción entre maestros y estudiantes. La discusión no puede limitarse a decidir si se abren o no las escuelas para clases presenciales. Se requiere un cambio radical en todo el sistema, una integración mayor de los padres y estudiantes en los diseños de currículos, el diseño de guías y herramientas para éstos, la identificación de actividades instructivas que puedan desarrollarse en el hogar y la comunidad, la adopción de nuevos currículos, el desarrollo de nuevas formas de evaluación. Esos cambios necesarios, aún antes de la pandemia, podrían traer beneficios que ayuden a lograr una educación, no solo accesible a todos los sectores sociales, sino además efectiva en alcanzar su meta principal: acercarnos a la Verdad.     

Nélida Hernández

Consejo de Acción Social Arquidiocesano

casa.doctrinasocial@gmail.com

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